Hoy en día la sociedad colombiana se ha visto permeada constantemente por el derecho internacional y por tribunales internacionales, que gracias a la historia mundial, han venido siendo protagonistas del desarrollo de la misma. Las necesidades de crear corporaciones internacionales con la finalidad de suplir vacios de institucionalidad en Estados donde las mismas instituciones nacionales no son suficientes para llegar a una respuesta que logre enumerar la totalidad de los derechos, los cuales se les están solicitando para que sean tutelados, son las mismas necesidades de los mismos Estados de ratificar convenciones para evitar que eso ocurra.

Ahora bien, con respecto al caso Petro, que hoy en día está en boca de todos los ciudadanos de la Capital de la República de Colombia, se debe realizar un estudio profundo del desarrollo del proceso que realizó el mismo exalcalde, con respecto a la sentencia del proceso disciplinario realizado por la Procuraduría General de la Nación.

En primer lugar, cuando la Procuraduría General de la Nación dejaba en firme la sentencia disciplinaria en contra del exalcalde, el señor Gustavo Petro ya estaba en reuniones preliminares con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington D.C. Posteriormente se dieron las respuestas de los altos tribunales colombianos, tanto el Consejo Superior de la Judicatura como el Consejo de Estado, negando las peticiones de las sucesivas acciones de tutelas que llegaban a los despachos judiciales de la ciudad de Bogotá D.C. En seguida de las manifestaciones de los tribunales anteriormente citados, en Washington D.C., ya existía la decisión de enviar a Colombia medidas cautelares con el fin de proteger los derechos de la presunta víctima, según lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dispone que  “se relacionarán con situaciones de gravedad y urgencia que presenten un riesgo de daño irreparable a las personas o al objeto de una petición o caso pendiente ante los órganos del Sistema Interamericano.”[1]

Al llegar las medidas cautelares al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, la máxima autoridad administrativa del país debía manifestarse, realizando el Presidente de la República una alocución donde mencionó no acatar las medidas cautelares de la CIDH.

Siguiendo con el orden de ideas, se debe realizar el estudio del camino que tomara el caso dentro del tribunal protector de Derechos Humanos. En primer lugar se debe realizar la anotación que las medidas cautelares realizadas por la CIDH en este estado de la etapa de estudio de procedibilidad de la misma CIDH no son vinculantes, por lo tanto esta dentro de la discrecionalidad del Estado colombiano de acatarlas o no acatarlas.

No realizando más comentarios al asunto se debe mencionar que el Consejo de Estado dentro del fallo de la acción de tutela interpuesta por el  exalcalde Petro menciona que aún tiene el derecho de interponer un medio de control frente al contencioso administrativo, el cual es la nulidad y restablecimiento del derecho estipulado en el artículo 138 del actual Código Contencioso Administrativo, por lo tanto se tendría un gran problema frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para mencionar el problema se debe ir directamente al pacto de San José firmado en San José, Costa Rica  7 al 22 de noviembre de 1969, cuya sección 3 que versa sobre la competencia de la Corte, en su artículo 46 cita que “1. Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 o 45 sea admitida por la Comisión, se requerirá: a. que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos;”[2]

En conclusión, la incursión del exalcalde Gustavo Petro se reduce a esperar la presentación del medio de control idóneo frente a los tribunales contenciosos administrativos competentes, porque siguiendo con el orden de ideas, si el caso llegase a alcanzar las audiencias frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la Comisión tendría un caso débil y muy complicado contra el Estado colombiano, teniendo en cuenta el material probatorio que tendría el Estado colombiano para su defensa, contando con las posibles omisiones que pueda tener la CIDH.

Por último, se debe ser muy respetuoso de las instituciones internacionales que defienden Derechos Humanos, gracias a que a final de cuentas, son las corporaciones que defienden a víctimas que el ciudadano promedio no conocería, gracias a que la importancia política y el poder de la noticia no estarían dentro del umbral de significancia que le puedan dar. Tales tribunales internacionales, enfocándonos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son reveladores por dar a la opinión pública internacional la importancia que se merecen las víctimas dentro de los variados Estados que no cubren las necesidades de las víctimas ya sea por impunidad o por imposibilidad.

Para finalizar se debe realizar la reflexión de que tan político puede llegar a ser este caso gracias a que si bien la política es importante para una Nación, puede llegar a ser perjudicial tanto para algunas instituciones como directamente para el derecho internacional.


[1] Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Artículo 25. Aprobado por la Comisión en su 137° período ordinario de sesiones, celebrado del 28 de octubre al 13 de noviembre de 2009; y modificado el 2 de septiembre de 2011 y en su 147º período ordinario de sesiones, celebrado del 8 al 22 de marzo de 2013, para su entrada en vigor el 1º de agosto de 2013.

[2] Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). San José, Costa Rica  7 al 22 de noviembre de 1969

El autor es Abogado por la Universidad del Rosario, con profundización en derecho internacional. Expracticante del consulado de Colombia en Berlín. 

Foto: Semanario Voz en Flickr [CC BY-NC-SA 2.0]