Una batalla política. Capeando las fisuras de la imprecisión, esa es la descripción que más se ajusta a la pugna contemporánea entre Colombia y Nicaragua por el territorio marítimo, objeto de una disputa histórica que terminó en noviembre de 2012, cuando la Corte Internacional de Justicia (CIJ) definió la frontera entre los dos países, aumentando la soberanía nicaragüense sobre una plataforma marina de por lo menos 75,000 kilómetros cuadrados. Las secuelas del fallo de la CIJ, un año después, ya empiezan a verse en campos ajenos al geográfico, que seguramente será el último en cambiar, pues la explotación política del nacionalismo le ha caído bien a los presidentes Daniel Ortega y Juan Manuel Santos, a quienes ahora se suman los de Panamá, Costa Rica y Jamaica.

El mandatario colombiano formalizó la semana pasada su reacción a la decisión de la Corte y en un momento de convulsión en el país calificó de “inaplicable” el fallo que favorece a Nicaragua. Esto ocurre cuando el alto pico que alcanzó la protesta social durante los últimos meses apenas comienza a descender, mientras la imagen negativa del presidente, que según una encuesta reciente es del 72 por ciento.

Su postura fue respaldada por los sectores políticos que pertenecen a la Unidad Nacional, una coalición de gobierno con la que ha contado desde el inicio de su mandato en 2010, y, además, la oposición, encabezada por el expresidente Álvaro Uribe, declaró que comparte la determinación de Santos en esta materia.

Sin embargo, las acciones del gobierno colombiano podrán, por mucho, menguar el impacto del fallo, que es inapelable. Eso lo sabe Nicaragua y por esa razón ha estado sereno y ha sabido aprovechar el respaldo jurídico con el que cuenta. La oposición ya le manifestó su apoyo a Daniel Ortega, quien ya solicitó al máximo tribunal de las Naciones Unidas que se extienda hasta las 350 millas náuticas su plataforma continental, lo que afectaría a otras naciones como a Panamá.

Por eso, el presidente Panameño, Ricardo Martinelli, la mandataria de Costa Rica, Laura Chichilla, y su homólogo jamaiquino, se adhirieron a una carta que Santos anunció que le entregarán al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en la que manifestarán su descontento con lo que considerar una actitud “expansionista” de Nicaragua.

Más allá de la misiva, sin implicaciones jurídicas, el presidente colombiano anunció que sin un tratado no hay manera de aplicar el fallo de la CIJ, además, dijo que avanzará en la protección de la biosfera Seeflower, declarada en 2000 por la Unesco como reserva natural, de la que una fracción de sus aguas, equivalente a cerca del 54%, habrían sido adjudicadas a Nicaragua. Y, en adición, por medio de un decreto se está buscando una definición independiente del archipiélago de San Andrés mediante la proclamación de una Zona Contigua Integral.

Esta reacción llega tarde. De acuerdo con el fallo, dos cayos colombianos, Quitasueño y Serrana, quedaron enclavados en aguas nicaragüenses, pero la zona contigua, una figura reconocida por el derechos internacional, busca que además de las 12 millas náuticas de mar que desde los cayos son consideradas como territorio de colombiano, otras 12, para completar 24, cuenten con la misma condición, con lo cual se elimina el enclave. El problema es que esto sería contrario a la disposición de la Corte.

Tarde también llegaron el retiro de Colombia del Pacto de Bogotá, que le confiere a la CIJ la jurisdicción para dirimir conflictos limítrofes, y la determinación de aumentar la presencia y la asistencia social y ambiental en la zona, que ha estado rezagada durante años. Lo que se hace ahora es dilatar el cumplimiento del fallo, mientras que en la batalla política cada quien intenta sacar su beneficio, justo cuando en Colombia, Panamá y Costa Rica en 2014 se realizarán elecciones presidenciales y la imagen de Chinchilla y Santos no es la más favorable. A nadie le cae mal convocar a la unidad nacional en este momento.

*Juan David Mosos es periodista de la Universidad de La Sabana, editor de www.hangarpolitico.com. Fue practicante de la Corporación Pensamiento Siglo XXI y profesor voluntario de la Fundación Fahrenheit 451.

Fotografía: Huffington Post