A un año de la reelección presidencial, Juan Manuel Santos enfrenta la crisis más aguda durante su mandato. Campesinos, agricultores y gremios han asistido al llamado de paro agrario, que completó 12 días de bloqueos a las carreteras del país, con duros enfrentamientos entre fuerza pública y manifestantes, y que dejo desabastecidas a algunas regiones.

Para llegar al fondo de esta historia, no se puede pasar por desapercibido el proceso de apertura económica que ha vivido Colombia. Los campesinos rechazan principalmente la firma de los TLC que han dejado el agro colombiano desprotegido. El país tiene en vigencia un total de ocho tratados, otros cuatro se encuentran en camino de implementación y el Gobierno negocia actualmente cinco tratados más.

Por ejemplo, una de las condiciones que los agricultores han exigido durante estos días de huelga, es la revisión de la resolución 970 del ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). Que persigue a quienes violen los derechos de autor de las semillas registradas. La resolución le da autoridad coercitiva y policiva a este instituto para que en Colombia solo se siembre “semilla certificada”.

Esta decisión, enmarcada en la ley que protege derechos de autor que EU solicitó como condición innegociable para la entrada en vigencia de su tratado, ha causado confusión entre los campesinos, que por tradición habían recopilado sus mejores semillas para las siembras futuras. Hoy, esa actividad la pagan con millonarias multas (superiores a las de ser descubiertos sembrando hoja de coca) y los enfrenta a ser judicializados y hasta privados de su libertad.

Las consecuencias a tan atroz norma han escandalizado a la opinión pública, que durante años ha estado pávida frente al abandono del Estado a los productores nacionales, y que han asistido a las estanterías de los supermercados en los que se demuestra un crecimiento en la presencia de los productos extranjeros, a menor precio del producto nacional.

Es imposible la justa competencia cuando a nuestros campesinos se les carga con el pago de todos los insumos agrícolas (cada vez más costosos), frente a los productos subsidiados y sin aranceles que ingresan al país por toneladas.

Luego de establecer una mesa de negociaciones, el viernes 30 de agosto, Gobierno y campesinos llegaron a acuerdos preliminares. Por lo que se hizo un llamado a los manifestantes para que suspendieran los bloqueos, sin descartar la propuesta pacifica, como los cacerolazos que desde el miércoles le han realizado al presidente Santos.

Por su parte, el Gobierno ha acusado a las FARC de infiltrar la protesta, anunció el inicio de la construcción de una política agraria en el país y se reunió con los mandatarios locales y regionales para vincularlos a la formulación de esta propuesta.

No está claro el futuro de los agricultores y lo que sucederá frente a los anuncios del Gobierno. Lo único que sí queda claro es que estudiantes, transportadores, gremios y sociedad civil están dispuestos a unirse y seguir exigiendo al Gobierno nacional que le preste atención a los temas que la sociedad exige en la agenda oficial.